Según informa la Asociación de Futbolistas Profesionales (AFE), tras la prórroga dada a algunos clubes para garantizar el pago de las deudas pendientes con sus plantillas que expiró ayer, ocho clubes de 2ªB han perdido la categoría que les correspondía por méritos deportivos.

Los clubes cuyo descenso se confirmó ayer son el Ciudad de Santiago, el UD Ibiza y el Mérida UD. A ellos se unen los que ya tenían confirmado el descenso desde el viernes pasado que son el Granada 74, el Fuerteventura, el San Fernando, el Lorca y el CD Linares. Asimismo el Polideportivo Ejido y el Portuense también denunciados por sus jugadores por impago no descenderán al estar inmersos en sendos procedimientos concursales que detienen los descensos administrativos. Otros 25 equipos que también tenían denuncias de sus jugadores por impago, cumplieron con sus obligaciones el último día, lo que termina por mostrar el panorama económico en que se encuentra la segunda división B.

Por otro lado la AFE decidió a última hora otorgar una amnistía a los clubes de tercera división que adeudan cantidades a sus plantillas por lo que ningún equipo de la categoría descenderá administrativamente por esta razón.

La debacle que este año se ha manifestado dentro del fútbol modesto de nuestro país se ha venido gestando a lo largo de los últimos años en los que la ya de por sí proverbial gestión irresponsable de los clubes se vio agravada por la llegada de dinero proveniente principalmente del sector de la construcción que desapareció en cuanto el sector entró en crisis. Lo lamentable de esta gestión, que provoca no sólo descensos sino la desaparición de clubes, es que sus consecuencias recaen sobre las aficiones cuando ellas sí responden pagando religiosamente sus abonos y localidades para luego ver que, debido a la mala gestión de otros, los clubes que ellos mismos fundaron y financian desaparecen.

Parece cada día más evidente la necesidad, ya puesta de manifiesto en numerosas ocasiones por FASFE, de instaurar normas financieras y de gestión que fomenten la responsabilidad para competir, normas que tengan como objetivo la viabilidad a largo plazo de los clubes. Estas normas que en las categorías inferiores deberían ser instauradas por la Federación Española de Fútbol y en las superiores por la Liga de Fútbol Profesional deberían incluir además un test de persona idónea para los dirigentes de los clubes similar al que ya existe en el Reino Unido y que exige una serie de requisitos de capacidad y honestidad a los dirigentes. Este tipo de normas ayudaría a evitar la ya endémica costumbre de nuestro fútbol de atraer siempre a aventureros y empresarios de escasa solvencia y honorabilidad que buscan la relevancia social que los clubes dan a sus dirigentes y el beneficio rápido de la recalificación inmobiliaria, todo ello a expensas del futuro de los equipos.