Hace más de un año y medio que se lleva instruyendo en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla un procedimiento iniciado por distintas querellas presentadas por la Fiscalía, y varias asociaciones de accionistas y aficionados del Real Betis Balompié, S.A.D., tales como Por Nuestro Betis, Liga de Juristas Béticos, y Béticos por el Villamarín.

En la misma se estudian presuntos delitos societarios, y un presunto delito de apropiación indebida, cometidos por Manuel Ruiz de Lopera, máximo accionista del Real Betis, con algo más del 50 % del capital titulado a nombre de Farusa, una de sus empresas, y por otras personas, todas ellas administradores de distintas sociedades vinculadas con la gestión de la S.A.D. en los últimos diecisiete años.

En pasados días, los medios de comunicación se han hecho eco de unos nuevos autos dictados por la Ilma. Sra. Magistrado Juez Dª Mercedes Alaya, en donde, tras investigaciones previas efectuadas por la Guardia Civil, a requerimiento del Juzgado y a solicitud del perito que está realizando el informe pericial solicitado por la Juez, se adoptan importantes decisiones. En el primero de estos autos, y citando información publicada por el diario “El Mundo”, se dice en referencia a unos contratos aportados al procedimiento por Farusa, tras ser requerida a ello: “En ambos contratos se ponen de manifiesto presuntas irregularidades por parte de FARUSA en la suscripción y desembolso de las 30.869 acciones que adquirió a 30 de Junio de 1992, fecha de constitución del Real Betis Balompié como sociedad anónima deportiva, irrogándose desde este momento los derechos políticos de las mencionadas acciones cuando presuntamente no se había desembolsado ni en esa fecha, ni en fechas muy posteriores el importe de las mismas. Con este paquete de acciones de Farusa, que se amplió hasta 55.350 acciones, unido a las propias, D. Manuel Ruiz de Lopera se convierte en accionista mayoritario y rector desde ese momento de los designios del Real Betis Balompié…”

Por todo ello, la Juez dispone ampliar la investigación hasta el momento de la constitución de la sociedad y a la llegada del Sr. Lopera a la directiva del Real Betis. No solo ya la llevó hasta el año 1.993, al entender que los presuntos delitos cometidos pudiesen constituir un delito continuado, decisión ratificada por la Audiencia Provincial de Sevilla, sino que ahora lo amplia hasta los años 1.991 y 1.992, a la vez que hace numerosos requerimientos tanto a entidades bancarias, como al Consejo Superior de Deportes, Farusa y Tegasa, para que expliquen y documenten todo lo sucedido en el proceso de transformación a SAD del Real Betis Balompié, así como ordena a la U.C.O. de la Guardia Civil nuevas investigaciones.

Los accionistas minoritarios del Real Betis Balompié, S.A.D., siguen peleando por conocer la verdad sobre la gestión de su sociedad en los últimos diecisiete años.