Lopera_juzgadoLa juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, notificó ayer a las partes personadas en el proceso abierto contra Manuel Ruiz de Lopera por administración desleal y otros delitos presuntamente cometidos por el máximo accionista del Real Betis contra su propio club, el contenido del informe solicitado por la juez a peritos de la Agencia Tributaria.

El contenido del informe que ayer llegó a las asociaciones Por Nuestro Betis (PNB) y Béticos por el Villamarín (BpV), ambas miembro de FASFE y personadas en la causa, no puede ser más demoledor para los intereses del mandatario bético ya que concluye que tal como denunciaron PNB y BpV, Lopera se apropió de no menos de 11 millones de euros pertenecientes al Betis, en sus seis primeros años de gestión que transcurren de 1993 a 1998. Los técnicos de la Agencia Tributaria apuntan a que los ingresos por explotación del negocio y de tesorería de estos ejercicios no fueron para el Betis, sino que las empresas de Lopera se quedaron con ellos, con el consiguiente perjuicio económico para el club verdiblanco.

Algunos de los sucesos puntuales que descubre el informe son por ejemplo que Farusa, sociedad propiedad de la familia Lopera, se quedó con 200 millones de pesetas del traspaso de Roberto Ríos al Athletic, un 10% de la cifra total por la que el defensa central fue vendido al club vasco o que las cantidades que Tegasa, otra empresa de Lopera, tuvo que asumir como responsabilidad civil por otro juicio de su mandatario fueron pagadas por el club verdiblanco.

En estos momentos los técnicos de Hacienda se encuentran elaborando una segunda parte del informe que cubriría los ejercicios de 1999 hasta la actualidad y que podría incrementar la cifra de lo defraudado y el número de delitos identificados en la gestión de Ruiz de Lopera en el club de Heliópolis

Por otro lado los peritos vuelven a levantar evidencias sobre la irregular adquisición de las acciones del Real Betis por Lopera en 1992, el informe afirma que el Betis fue quien pagó el préstamo a las cajas, por valor de 1,8 millones de euros, con el que Lopera compró las acciones del club. Los peritos insisten por lo tanto en la tesis de la presunta apropiación indebida de Lopera, lo que permitiría a la juez extender el proceso hasta la conversión del club en sociedad anónima deportiva, como fue su pretensión anteriormente.

A la vista de este informe se espera que en breve la juez llamará a declarar a Lopera en calidad de imputado, paso previo a su eventual procesamiento que en caso de concluir en veredicto de culpabilidad podría llevar al dirigente bético a la cárcel con una sentencia de hasta cuatro años.